En los últimos años el país ha presenciado cómo derechos consagrados en nuestra Constitución --el derecho a la vida, a la propiedad, al trabajo, a la libre expresión y al debido proceso-- han sido violados y menospreciados impunemente. Una de las consecuencias de lo anterior es que la estructura productiva privada nacional, que durante décadas se fue consolidando con mucho esfuerzo, ha sido impactada brutalmente, obligándola a contraerse severamente con la consecuente disminución del volumen de productos y servicios generados en Venezuela. El incremento de la inflación y la reducción del empleo formal han sido resultados inevitables.
Todo dentro del contexto de una crisis económica y social, que afecta profundamente aspectos sensibles de la vida del venezolano. Por ejemplo:
• • En 1999 existían más de 11 mil industrias, ahora tenemos un poco más de 7 mil.
• • Entre el último trimestre de 2005 y lo que va de 2010, fueron transferidas al sector público alrededor de 200 empresas, invocando la declaratoria de utilidad pública y la expropiación, aunque en la mayoría de los casos se trata de confiscaciones, porque no se ha cumplido el proceso constitucional. Ningún sector de la economía ha quedado exento de las arbitrariedades gubernamentales en su empeño por convertirse en monopolizador de la economía, fomentando la burocracia y la pérdida de recursos.
• • Las empresas básicas en Guayana, que fueron ejemplo de continuidad administrativa de la democracia, hoy se encuentran paralizadas, con las dramáticas consecuencias para la generación de energía y para la producción de materias primas.
• • La promocionada soberanía alimentaria, es solo una ilusión. Aproximadamente 70 % de los alimentos que llevamos a nuestras mesas son traídos de otros países.
• • En los últimos 10 años, han sido tomadas por el gobierno 3 millones de hectáreas de tierras que estaban en plena producción. Hoy solo 50 mil de ellas continúan productivas.
• Según entidades especializadas, en los últimos años se contabilizaron 246 violaciones a la libertad de expresión, se produjo el cierre arbitrario de 32 emisoras de radio y se decreto por 2da oportunidad, el silencio de RCTV.
• • En 2009 tuvimos una caída del PIB de 3,3 % y para este año la tendencia es negativa, como los propios voceros oficiales lo han reconocido.
• • Según cifras oficiales, 2009 culminó con una inflación de 25,06 %, la más alta del continente y la tercera más alta del mundo. Este año la inflación se ubicará entre 35 y 40%. De acuerdo al CENDAS, el costo de la cesta alimentaria se situó el mes pasado en 2.400 BsF.
• • Las amas de casas que son más expertas que el BCV en medir la inflación, cuando hacen su mercado, se dan cuenta, que mes a mes llevan menos productos a sus casas, a pesar de que cada día gastan mas dinero. Al bolívar que se llamó fuerte, solo le quedó el nombre porque cada día se hace más débil. La inflación es una enfermedad y como tal, solo se cura con producción, pero para producir mas, primero se debe invertir y para invertir hace falta confianza y este factor es el que reclama constantemente el empresariado.
• • Existen cerca de seis millones de personas desempleadas, sub-empleadas o ejerciendo trabajos informales, cifra que seguirá aumentando si el Gobierno Nacional prosigue en su empeño de confiscar y estatizar empresas. Solo en el estado Lara se encuentran en riesgo, mas de 12 mil empleos.
Los empresarios, grandes, pequeños y medianos, alertamos que nuestro país se ha ido estancando, atado a un modelo socialista anacrónico que a lo largo de la historia ha probado ser un rotundo fracaso en todos los países donde ha pretendido implementarse.
Si la economía socialista que pregonan los voceros oficiales se caracteriza por acabar con la propiedad, con el derecho al empleo, por depender cada vez más de las importaciones, podemos asegurar que vamos por el camino equivocado.
La propiedad es un derecho de ricos y pobres. No es un derecho “sagrado” pero sí Consagrado en nuestra Constitución (Artículos 112 y 115). Todos queremos: trabajar, prosperidad, que nuestro dinero nos alcance, tener seguridad y calidad de vida. Los venezolanos sabemos ganarnos lo nuestro y no deseamos mendigar.
Cuando se irrespeta la propiedad y se pretende borrar de un plumazo ese derecho, se está apuntando hacia la destrucción del empleo de miles de venezolanos que quedarán en las calles sin un sustento para sus familias. Buscan llevarnos hacia una sociedad de proletarios, donde nada es de nadie, sino que todos estaremos a las órdenes de un solo patrono: el gobierno.
En un país verdaderamente libre, el derecho de propiedad de los bienes debe ser protegido por el Estado. Para FEDECAMARAS y para la población en general, el derecho a la propiedad es irrenunciable y así quedo ratificado en el pasado referéndum del año 2007.
Se pretende imponer formas de propiedad no establecidas en la Constitución. A través de la aprobación de múltiples leyes se atropella lo que está establecido en la Carta Magna, legitimando la violación del derecho de propiedad, lo que final perjudicara a todos los ciudadanos.
Con todo ello, se crea una profunda desigualdad social y un caldo de cultivo para la perturbación de la paz ciudadana, que dificulta la existencia de un clima propicio para la prosperidad; y por lo tanto, afecta el crecimiento económico. Venezuela sigue siendo una nación pobre asfixiada por un gobierno rico, donde 400 mil jóvenes ingresan al mercado laboral cada año y la mayoría de ellos no encuentra trabajo.
Estamos ante una crisis de gobernabilidad y sin salidas aparentes a la vista, los venezolanos nos merecemos un país distinto, una Venezuela con producción, con seguridad, con desarrollo, con servicios básicos óptimos: luz, agua, aseo. Queremos que reine la reconciliación y la paz.
Muchas, promesas, hasta ahora, han sido incumplidas. Sin embargo, se abre una esperanza de cambio y de mejoras por el establecimiento de una Asamblea Nacional plural que vele por el respeto de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos.
El Gobierno debe rendir cuentas, asumir el costo de sus equívocos, porque el proceso destructivo, económico, social y moral al que ha sometido a Venezuela, es una deuda histórica que deberá honrar mas temprano que tarde.
Los hombres y mujeres que con esfuerzo y dedicación promovemos la empresa privada, generamos empleo y defendemos la producción nacional, exigimos:
• Que se respete la vida y los bienes de los ciudadanos. (se han producido 93 secuestros en lo que va de 2010. 36 comerciantes y/o empresarios, 13 ganaderos, 32 estudiantes, 5 amas de casa, 5 profesionales y 2 personas que se dedican a otros oficios).
- Que se respete la propiedad privada como derecho humano universal.
- Que se respete la iniciativa de emprendimiento y la libertad de empresa.
- Que se respete el derecho al trabajo formal.
- Que se respete el derecho a la salud y la asistencia social, así como el goce de los servicios básicos en condiciones óptimas.
La empresa e iniciativa privada es el sustento fundamental del desarrollo y la prosperidad social. En ese sentido le hablamos al PAIS, en virtud de que el Gobierno Socialista se niega reiteradamente al diálogo y a la reconciliación.
Por ello reiteramos una vez mas: es necesario que se convoque un Acuerdo Nacional para la prosperidad y erradicación de la pobreza, donde Gobierno, empresarios y trabajadores encuentren puntos convergentes, estableciendo como primera prioridad la defensa de la producción nacional, la generación de empleo y el bienestar de todos los venezolanos, sin excepción alguna.
Caracas, 05 de mayo de 2010
jueves, 13 de mayo de 2010
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